{"id":5930,"date":"2015-09-19T09:53:40","date_gmt":"2015-09-19T14:53:40","guid":{"rendered":"http:\/\/colegiocolombianodecontadores.com\/?p=5930"},"modified":"2017-02-04T22:00:42","modified_gmt":"2017-02-05T03:00:42","slug":"decretos-de-emergencia-economica-en-la-frontera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/contadoreshoy.com\/?p=5930","title":{"rendered":"Decretos de emergencia econ\u00f3mica en la Frontera"},"content":{"rendered":"

A trav\u00e9s del decreto 1770 de septiembre 07 de 2015, se declara el Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica en los municipios de<\/span> la Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Fonseca, Barrancas, Albania, Maicao, Uribia y Hato Nuevo en el departamento de La Guajira; Manaure-Balc\u00f3n del Cesar, La Paz, Agust\u00edn Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguan\u00e1 y Curuman\u00ed en el departamento del Cesar; Toledo, Herr\u00e1n, Ragonvalia, Villa del Rosario, Puerto Santander, \u00c1rea Metropolitana de C\u00facuta, Tib\u00fa, Teorama, Convenci\u00f3n, El Carmen, El Zulia, Salazar de las Palmas y Sardinata, en el departamento de Norte de Santander; Cubar\u00e1, en el departamento de Boyac\u00e1; Cravo Norte, Arauca, Arauquita y Saravena en el departamento de Arauca; La Primavera, Puerto Carre\u00f1o y Cumaribo en el departamento del Vichada, e In\u00edrida del departamento de Guain\u00eda, por el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto.<\/p>\n

Por medio del decreto 1818 de septiembre 15 de 2015, se establece la exenci\u00f3n transitoria de IVA, hasta el 31 de diciembre de 2015, en los municipios se\u00f1alados inicialmente de los siguientes bienes:<\/span><\/p>\n

a) Alimentos;<\/p>\n

b) calzado;<\/p>\n

c) Prendas de vestir;<\/p>\n

d) Materiales de construcci\u00f3n;<\/p>\n

e) Electrodom\u00e9sticos y gasodom\u00e9sticos, incluidos los cilindros para gas necesarios para el funcionamiento de estos \u00faltimos.<\/p>\n

 <\/p>\n

Para su debido estudio, relacionamos los mencionados decretos:<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

DECRETO N\u00daMERO 1818 DE 2015<\/strong><\/span><\/p>\n

(septiembre 15)<\/span><\/p>\n

por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias para estimular la actividad econ\u00f3mica y conjurar la crisis econ\u00f3mica, humanitaria y social en los municipios se\u00f1alados en el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1770 del 7 de septiembre de 2015.<\/em><\/span><\/p>\n

El Presidente de la Rep\u00fablica de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el art\u00edculo 215 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con la Ley 137 de 1994 y en desarrollo de lo previsto en el Decreto 1770 de 2015, y<\/p>\n

CONSIDERANDO:<\/p>\n

Que en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 215 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el Presidente de la Rep\u00fablica con la firma de todos los Ministros, en caso de que sobrevengan hechos distintos de los previstos en los art\u00edculos 212 y 213 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden econ\u00f3mico, social y ecol\u00f3gico del pa\u00eds, o que constituyan grave calamidad p\u00fablica, podr\u00e1 declarar el Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica.<\/p>\n

Que seg\u00fan la misma norma constitucional, una vez declarado el Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica, el Presidente, con la firma de todos los Ministros, podr\u00e1 dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensi\u00f3n de sus efectos.<\/p>\n

Que estos decretos deber\u00e1n referirse a materias que tengan relaci\u00f3n directa y espec\u00edfica con el Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica, y podr\u00e1n, en forma transitoria establecer nuevos tributos o modificar los existentes.<\/p>\n

Que mediante Decreto 1770 de 2015 fue declarado el Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica con ocasi\u00f3n de la situaci\u00f3n descrita en ese decreto que se viene presentando en la frontera colombo-venezolana, con el fin de conjurar la crisis e impedir la extensi\u00f3n de sus efectos.<\/p>\n

Que en dicho decreto se se\u00f1al\u00f3 expresamente que la migraci\u00f3n masiva originada con ocasi\u00f3n del estado de emergencia declarado por el Gobierno venezolano afecta los derechos fundamentales de ni\u00f1os, adolescentes, adultos mayores, personas enfermas y familias de escasos recursos, poniendo en peligro su subsistencia digna.<\/p>\n

Que en el decreto citado se dijo tambi\u00e9n que \u201cseg\u00fan el DANE cerca del 40% de las importaciones desde Venezuela representan el 10% de la canasta b\u00e1sica de consumo para hogares, por lo cual no se descartan impactos directos sobre la inflaci\u00f3n\u201d.<\/em><\/p>\n

Que en dicho decreto se indic\u00f3 adem\u00e1s que resulta necesario tomar medidas tributarias que permitan aliviar el impacto negativo sobre los sectores productivos y sobre los consumidores de la regi\u00f3n de frontera.<\/p>\n

Que en atenci\u00f3n a las precarias condiciones econ\u00f3micas en que se encuentran las familias que fueron deportadas, expulsadas o retornadas, y el riesgo de una desaceleraci\u00f3n generalizada de la actividad econ\u00f3mica, es necesario adoptar medidas de car\u00e1cter legal.<\/p>\n

Que en atenci\u00f3n a lo anterior es necesario establecer un tratamiento tributario especial para algunos bienes producidos o comercializados en las zonas de frontera que limitan con la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, con el prop\u00f3sito de estimular la demanda interna, contrarrestar los posibles impactos directos sobre la inflaci\u00f3n e incrementar el consumo local de los bienes que se producen o comercializan en la zona de frontera.<\/p>\n

Que en virtud de la situaci\u00f3n particular de las personas deportadas, expulsadas y repatriadas, se hace necesario un tratamiento tributario especial sobre algunos bienes, con el fin de disminuir los precios para el consumidor final y aliviar la carga econ\u00f3mica resultante del proceso de migraci\u00f3n masiva.<\/p>\n

DECRETA:<\/span><\/p>\n

Art\u00edculo 1\u00b0. Exenci\u00f3n transitoria de IVA.<\/em> Hasta el 31 de diciembre de 2015, estar\u00e1n exentos de IVA sin derecho a la devoluci\u00f3n y\/o compensaci\u00f3n, los siguientes bienes, cuya venta se realice en los municipios se\u00f1alados en el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1770 de 2015:<\/span><\/p>\n

    \n
  1. Alimentos;<\/li>\n
  2. Calzado;<\/li>\n
  3. Prendas de vestir;<\/li>\n
  4. Materiales de construcci\u00f3n;<\/li>\n
  5. Electrodom\u00e9sticos y gasodom\u00e9sticos, incluidos los cilindros para gas necesarios para el funcionamiento de estos \u00faltimos.<\/li>\n<\/ol>\n

    Par\u00e1grafo 1\u00b0. Los saldos a favor generados en las respectivas declaraciones tributarias podr\u00e1n ser imputados en las declaraciones de los per\u00edodos siguientes, pero en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser objeto de devoluci\u00f3n y\/o compensaci\u00f3n<\/span>.<\/p>\n

    Par\u00e1grafo 2\u00b0. Los bienes que a la fecha de expedici\u00f3n de este decreto tengan la condici\u00f3n de exentos o excluidos del impuesto sobre las ventas continuar\u00e1n con el tratamiento correspondiente a dicha calificaci\u00f3n prevista en el Estatuto Tributario.<\/p>\n

    Par\u00e1grafo 3\u00b0. El tratamiento previsto en este art\u00edculo se aplicar\u00e1 a las ventas realizadas desde el resto del territorio nacional a los responsables del r\u00e9gimen com\u00fan del impuesto sobre las ventas, inscritos en el Registro \u00danico Tributario (RUT) que se encuentren domiciliados o tengan establecimiento de comercio en los municipios se\u00f1alados en el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1770 de 2015.<\/span><\/strong><\/p>\n

    As\u00ed mismo, a las ventas realizadas en los municipios se\u00f1alados en el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1770 de 2015 por responsables del r\u00e9gimen com\u00fan del impuesto sobre las ventas inscritos en el Registro \u00danico Tributario (RUT), que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, se encuentren domiciliados o tengan establecimiento de comercio<\/span>.<\/p>\n

    Art\u00edculo 2\u00b0. Definiciones<\/em>. Para efectos de lo dispuesto en el presente decreto, se entender\u00e1 por:<\/strong><\/span><\/p>\n

      \n
    1. Alimentos: son todos los productos s\u00f3lidos o l\u00edquidos que comen o beben los seres vivos de la especie humana y los animales con el prop\u00f3sito de nutrir su cuerpo, es decir, que en su acci\u00f3n y efecto de nutrir, conllevan a la reparaci\u00f3n de la p\u00e9rdida de energ\u00eda del organismo del hombre y de los animales, dentro de los cuales se encuentran los alimentos naturales, alimentos procesados, entre otros. Se entienden incluidos en esta categor\u00eda los insumos agropecuarios;<\/li>\n
    2. Calzado: todo g\u00e9nero de zapato, que sirve para cubrir o resguardar el pie;<\/li>\n
    3. Prendas de vestir: cualquier prenda que utilice el hombre para cubrir su cuerpo, sin importar su material de elaboraci\u00f3n;<\/li>\n
    4. Materiales de construcci\u00f3n: son todos los productos naturales y manufacturados que se requieren para levantar o arreglar una construcci\u00f3n, tales como: arena, arcilla, cemento, teja, ladrillos, pisos, aluminio, alambres, cables el\u00e9ctricos, pinturas, tuber\u00eda, hierro, cobre, acero;<\/li>\n
    5. Electrodom\u00e9sticos y gasodom\u00e9sticos: todos los aparatos el\u00e9ctricos o cuya fuente de energ\u00eda es el gas, que normalmente se utilizan en el hogar y en consecuencia su vocaci\u00f3n es la de permanencia en el mismo, es decir, que su funci\u00f3n est\u00e1 orientada al uso en el hogar, tales como: televisores, neveras, lavadoras, secadoras, estufas, hornos, y otros enseres menores como: licuadoras, ventiladores, planchas, tostadoras.<\/li>\n<\/ol>\n

      Art\u00edculo 3\u00b0. Condiciones de aplicaci\u00f3n.<\/em> Para efectos de lo dispuesto en el art\u00edculo 1\u00b0 del presente decreto deber\u00e1 seguirse el siguiente tratamiento:<\/span><\/p>\n

      Al momento de facturar la operaci\u00f3n de venta, el responsable deber\u00e1 indicar en la factura a trav\u00e9s de cualquier medio electr\u00f3nico, sello o anotaci\u00f3n mediante una leyenda que indique: \u201cBienes Exentos \u2013Decreto 00001818 de 2015\u2013\u201d.<\/span><\/p>\n

        \n
      1. Para efectos de las ventas realizadas dentro de cualquiera de los municipios enunciados en el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1770 de 2015, los bienes a comercializar deber\u00e1n encontrarse f\u00edsicamente dentro del territorio de estos municipios.<\/li>\n
      2. Tanto la venta como la entrega de los bienes deber\u00e1 realizarse dentro del plazo de establecido en el art\u00edculo 1\u00b0 del presente decreto.<\/li>\n
      3. El responsable deber\u00e1 rendir un informe fiscal de ventas con corte al \u00faltimo d\u00eda de cada mes, el cual ser\u00e1 remitido dentro de los cinco (5) primeros d\u00edas del mes siguiente a la Direcci\u00f3n Seccional de Impuestos y Aduanas, que corresponda al domicilio fiscal del responsable del impuesto sobre las ventas, que efect\u00faa la venta exenta, certificado por contador p\u00fablico o revisor fiscal, seg\u00fan sea el caso, en el cual se detall<\/span>e:<\/li>\n<\/ol>\n
          \n
        1. Relaci\u00f3n de facturas o documentos equivalentes, registrando el n\u00famero, fecha, cantidad, especificaci\u00f3n del bien y valor de la operaci\u00f3n;<\/li>\n
        2. Asociar a las facturas o documento equivalente de que trata el literal anterior, los documentos de remisi\u00f3n, recepci\u00f3n y certificado de revisor fiscal o contador p\u00fablico, para el caso de las ventas de que trata el literal b) de art\u00edculo 4\u00b0 de este decreto.<\/li>\n<\/ol>\n

          Art\u00edculo 4\u00b0. Tratamiento a las ventas realizadas desde el resto del territorio nacional.<\/em> Para efectos de las ventas realizadas desde el resto del territorio nacional a cualquiera de los municipios consagrados en el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1770 de 2015, los proveedores deber\u00e1n cumplir los siguientes requisitos:<\/span><\/p>\n

            \n
          1. Acreditar que la venta se efectu\u00f3 a un responsable del r\u00e9gimen com\u00fan del impuesto sobre las ventas, inscrito en el Registro \u00danico Tributario (RUT), que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto se encuentre domiciliado o tenga establecimiento de comercio en cualquiera de los municipios enunciados en el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1770 de 2015, para lo cual deber\u00e1 exigirle la entrega de una copia del mismo;<\/span><\/li>\n
          2. Comprobar que las mercanc\u00edas vendidas se trasladaron f\u00edsicamente a cualquiera de los municipios enunciados en el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1770 de 2015, mediante gu\u00eda de transporte, factura del servicio de transporte de carga y documento de recepci\u00f3n de la mercanc\u00eda.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

            Art\u00edculo 5\u00b0. Incumplimiento<\/em>. El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el presente decreto dar\u00e1 lugar a la p\u00e9rdida del beneficio al que se refiere el art\u00edculo 1\u00b0. Por consiguiente, habr\u00e1 lugar al pago del impuesto sobre las ventas a la tarifa aplicable a los respectivos bienes enajenados y a la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n por inexactitud contemplada en el Estatuto Tributario, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.<\/p>\n

            Art\u00edculo 6\u00b0. Vigencia<\/em>. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicaci\u00f3n.<\/p>\n

            Publ\u00edquese y c\u00famplase.<\/p>\n

            Dado en Bogot\u00e1, D. C., a 15 de septiembre de 2015.<\/p>\n

            JUAN MANUEL SANTOS CALDER\u00d3N<\/p>\n

            El Ministro del Interior,<\/p>\n

            Juan Fernando Cristo Bustos. <\/em>La Ministra de Relaciones Exteriores,<\/p>\n

            <\/h3>\n

            DECRETO N\u00daMERO 1770 DE 2015<\/span><\/h3>\n

            (septiembre 7)<\/span><\/p>\n

            por el cual se declara el Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica en parte del territorio nacional<\/em><\/span><\/p>\n

            El Presidente de la Rep\u00fablica de Colombia, en uso de las facultades que le confiere el art\u00edculo 215 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en desarrollo de las facultades previstas en la Ley 137 de 1994, y<\/p>\n

            CONSIDERANDO:<\/p>\n

            Que de acuerdo con el art\u00edculo 215 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los art\u00edculos 212 y 213 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden econ\u00f3mico, social y ecol\u00f3gico del pa\u00eds, o que constituyan grave calamidad p\u00fablica, podr\u00e1 el Presidente<\/p>\n

            de la Rep\u00fablica, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por periodos hasta de treinta (30) d\u00edas, que sumados no podr\u00e1n exceder noventa (90) d\u00edas en el a\u00f1o calendario.<\/p>\n

            Que la declaraci\u00f3n del Estado de Emergencia autoriza al Presidente de la Rep\u00fablica, con la firma de todos los ministros, para dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensi\u00f3n de sus efectos.<\/p>\n

            1. PRESUPUESTO F\u00c1CTICO<\/h4>\n

            Que mediante Decreto n\u00famero 1950 del 21 de agosto de 2015, el Gobierno venezolano declar\u00f3 el Estado de Excepci\u00f3n de los municipios de Bol\u00edvar, Pedro Mar\u00eda Ure\u00f1a, Jun\u00edn, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado T\u00e1chira, lim\u00edtrofes con el departamento de Norte de Santander.<\/p>\n

            Que entre las razones para declarar el Estado de Excepci\u00f3n el Gobierno venezolano invoc\u00f3 la amenaza a los derechos de los habitantes de la Rep\u00fablica por la presencia de circunstancias delictivas y violentas vinculadas con el \u201cparamilitarismo, el narcotr\u00e1fico y el contrabando de extracci\u00f3n, organizado a diversas escalas, entre otras conductas delictivas an\u00e1logas\u201d<\/em>.<\/p>\n

            Que en virtud de la declaratoria del Estado de Excepci\u00f3n, el Decreto l.950 de 2015 autoriz\u00f3, entre otras medidas, \u201c1. La inspecci\u00f3n y revisi\u00f3n por parte de los organismos p\u00fablicos competentes del lugar de habitaci\u00f3n, estad\u00eda o reuni\u00f3n de las personas naturales, domicilio de personas jur\u00eddicas, establecimientos comerciales, o recintos privados abiertos o no al p\u00fablico, siempre que se lleven a cabo actividades economicas, financieras o comerciales de cualquier \u00edndole, formales o informales, con el fin de ejecutar registros para determinar o investigar la perpetraci\u00f3n de delitos o de graves il\u00edcito s administrativos contra las personas, su vida, integridad, libertad o patrimonio, as\u00ed como los delitos o ilicitudes relacionados con la afecci\u00f3n de la paz, el orden p\u00fablico y Seguridad de la Naci\u00f3n, la fe p\u00fablica, el orden socioecon\u00f3mico, la identidad y orden migratorio, y delitos conexos, podr\u00e1 realizarse sin necesidad de orden judicial previa<\/em>\u201d.<\/p>\n

            Que en la misma l\u00ednea, el Decreto n\u00famero 1.950 de 2015 autoriz\u00f3 requisas personales, restricciones al tr\u00e1nsito de bienes y personas, el traslado de bienes y pertenencias en el pa\u00eds, as\u00ed como el establecimiento de restricciones a la disposici\u00f3n, traslado, comercializaci\u00f3n, distribuci\u00f3n, almacenamiento o producci\u00f3n de bienes esenciales o de<\/p>\n

            primera necesidad, \u201co regulaciones para su racionamiento as\u00ed como restringir o prohibir temporalmente el ejercicio de determinadas actividades comerciales\u201d<\/em>.<\/p>\n

            Que en virtud del art\u00edculo 16 del Decreto n\u00famero 1.950 de 2015, el mismo \u201ctendr\u00e1 una duraci\u00f3n de sesenta (60) d\u00edas, contados a partir de su publicaci\u00f3n en la Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, prorrogables por sesenta (60) d\u00edas m\u00e1s de acuerdo al procedimiento constitucional\u201d.<\/em><\/p>\n

            Que mediante Decreto n\u00famero 1.969 del 1\u00b0 de septiembre de 2015, el Gobierno venezolano ampli\u00f3 el Estado de Excepci\u00f3n a los municipios de Lobatera, Garc\u00eda de Hevia, Ayacucho y Panamericana, tambi\u00e9n del Estado de T\u00e1chira.<\/p>\n

            Que, adicionalmente, el Gobierno venezolano dispuso desde el 19 de agosto el cierre de la frontera, en el puente Sim\u00f3n Bol\u00edvar, que comunica los municipios de C\u00facuta y San Antonio del T\u00e1chira, en Venezuela, frontera que permanece cerrada hasta la fecha de expedici\u00f3n de ese decreto, situaci\u00f3n que podr\u00eda extenderse indefinidamente.<\/p>\n

            – Deportaciones, repatriaciones, retornos y expulsiones<\/h5>\n

            Que como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno venezolano en desarrollo del Estado de Excepci\u00f3n, miles de colombianos han retornado o han sido deportados, repatriados o expulsados a Colombia.<\/p>\n

            Que aunque es un hecho notorio que la migraci\u00f3n forzada de connacionales ha generado una crisis inminente de tipo humanitario, econ\u00f3mico y social, pues as\u00ed lo han reportado gr\u00e1fica y profusamente los medios de comunicaci\u00f3n y ha sido denunciado por autoridades nacionales, internacionales y formadores de opini\u00f3n, las autoridades p\u00fablicas competentes han descrito con detalle la magnitud de los hechos.<\/p>\n

            Que seg\u00fan datos de Migraci\u00f3n Colombia, entre el 21 de agosto de 2015 y el 7 de septiembre de 2015, es decir en los \u00faltimos 17 d\u00edas, el n\u00famero de personas deportadas, expulsadas y repatriadas[1]<\/sup><\/sup><\/a> que ingresaron al pa\u00eds por los Puestos de Control Migratorio en la frontera con Venezuela fue de 1.443, de las cuales el 19% de estas personas corresponden a menores de edad. Esta cifra contrasta con las 3.211 personas que ingresaron de la misma manera, durante el per\u00edodo comprendido entre el 1\u00b0 de enero de 2015 al 20 de agosto de este a\u00f1o (7 meses y 20 d\u00edas), y con las 1.590 personas que fueron sujeto de las mismas medidas durante todo el a\u00f1o 2014 (Din\u00e1mica migratoria en la frontera con Venezuela – Informe Estad\u00edstico de seguimiento n\u00famero 158 del 3 de septiembre de 2015, Informe Estad\u00edstico Ejecutivo Coyuntura al 06 de septiembre, 7 de septiembre de 2015<\/em>).<\/p>\n

            Que adem\u00e1s la Unidad Nacional para la Gesti\u00f3n del Riesgo de Desastres, para el 7 de septiembre de 2015, registra 10.780 personas provenientes del territorio venezolano que han retornado al pa\u00eds desde que se desat\u00f3 la crisis. En efecto, tal como lo manifest\u00f3 el se\u00f1or Presidente de la Rep\u00fablica en el Consejo de Ministros del 2 de septiembre de 2015 en C\u00facuta, una parte considerable de la migraci\u00f3n se ha dado por miedo a las medidas represivas (destrucci\u00f3n de casas, deportaciones) que las autoridades venezolanas han tomado en contra de los colombianos. Esta informaci\u00f3n ha sido confirmada por inspectores internacionales como el Coordinador Residente y Humanitario de Las Naciones Unidas, Fabrizio Hochschild, en entrevista que dio el 31 de agosto de 2015 a la emisora de Radio la W.<\/p>\n

            Que en el mismo informe de la UNGRD se tienen datos totales de que a la fecha ser\u00edan al menos 13.138 personas perjudicadas con la emergencia en la frontera.<\/p>\n

            Que, por su parte, seg\u00fan el Informe de Situaci\u00f3n n\u00famero 2 del 1\u00b0 de septiembre de 2015 de la Oficina para la Coordinaci\u00f3n de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), en \u201cel marco del Estado de Excepci\u00f3n Constitucional declarado por el Gobierno de Venezuela desde el 21 de agosto en diez municipios del estado T\u00e1chira, 1.097 ciudadanos colombianos han sido deportados\/repatriados hacia Norte de Santander, incluyendo 220 menores de edad (al 30 de agosto, 07:00hs), seg\u00fan reporte del PMU. Si bien los \u00faltimos casos de deportaci\u00f3n se produjeron el 26 de agosto, la cifra de personas que retornan a Colombia por v\u00edas informales se ha mantenido constante, ascendiendo a 9.826, seg\u00fan c\u00e1lculos del PMU al 30 de agosto\u201d<\/em>[2]<\/sup><\/sup><\/a>, [3]<\/sup><\/a><\/sup>.<\/p>\n

            Que seg\u00fan dicha publicaci\u00f3n, a \u201c31 de agosto, 3.109 personas se encuentran albergadas en C\u00facuta y Villa del Rosario, de las cuales 2.339 est\u00e1n en nueve albergues habilitados y formalizados, 332 personas se encuentran en albergues espont\u00e1neos en proceso de formalizaci\u00f3n o evacuaci\u00f3n y 438 han sido albergadas en hoteles<\/em>\u201d[4]<\/sup><\/sup><\/a>.<\/p>\n

            Que de acuerdo con dicho documento entre \u201clos deportados y retornados a Norte de Santander, se han identificado al menos 102 casos de personas sujeto de protecci\u00f3n internacional\u201d<\/em>[5]<\/sup><\/sup><\/a>.<\/p>\n

            Que, adem\u00e1s, seg\u00fan comunicado de prensa del 28 de agosto de 2015 de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, de \u201cacuerdo a informaci\u00f3n de p\u00fablico conocimiento, las personas deportadas se encontrar\u00edan en situaci\u00f3n migratoria irregular en Venezuela. Esta informaci\u00f3n a su vez indica que las autoridades venezolanas habr\u00edan realizado redadas y operativos de control migratorio en barrios y lugares principalmente habitados por personas colombianas. En el marco de estos operativos, las autoridades venezolanas estar\u00edan desalojando forzosamente a las personas colombianas de sus casas, report\u00e1ndose abusos y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, para<\/em><\/p>\n

            luego proceder a deportar a las personas colombianas de forma arbitraria y colectiva. La forma en que se est\u00e1n llevando a cabo los operativos habr\u00eda impedido que muchas de las personas pudiesen llevar consigo sus documentos y otros de sus bienes<\/em>\u201d[1]<\/a><\/sup>.<\/p>\n

            Que de acuerdo con el mismo comunicado, la \u201cCIDH a su vez ha recibido informaci\u00f3n indicando que muchas de las personas deportadas han sido separadas de sus familias. En algunos casos, personas adultas habr\u00edan sido deportadas sin sus hijos, as\u00ed como otros familiares a Colombia. A trav\u00e9s de videos publicados en medios de comunicaci\u00f3n, la Comisi\u00f3n ha tomado conocimiento de que las autoridades venezolanas han procedido a marcar con la letra \u201cD\u201d las casas de personas colombianas en el barrio La Invasi\u00f3n, para luego proceder a demolerlas tras haber desalojado y deportado arbitrariamente a las personas que habitaban en las mismas\u201d<\/em>.<\/p>\n

            Que seg\u00fan indica la CIDH en el documento, \u201cel Comisionado Felipe Gonz\u00e1lez, Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH, manifest\u00f3 que… \u2018La informaci\u00f3n de la que disponemos indica que estas deportaciones se estar\u00edan realizando de forma arbitraria, sin que se respetasen garant\u00edas de debido proceso migratorio, el principio de la unidad familiar, el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, el derecho a la integridad personal, ni el derecho a la propiedad de estas personas. La forma en la que se est\u00e1n llevando a cabo estas deportaciones indica que a estas personas se les est\u00e1n violando m\u00faltiples derechos humanos y que est\u00e1n siendo expulsadas de forma colectiva, algo que es completamente contrario al derecho internacional. Desde la Comisi\u00f3n tambi\u00e9n nos preocupa que entre las personas deportadas se encuentran refugiados y otras personas que requieren protecci\u00f3n internacional, sobre las cuales el Estado venezolano tiene un deber de respetar el principio de no devoluci\u00f3n\u2019\u201d<\/em>7<\/sup>.<\/p>\n

            Que seg\u00fan lo inform\u00f3 la Canciller colombiana, Maria \u00c1ngela Holgu\u00edn, en el Consejo extraordinario de Ministros que se celebr\u00f3 el 2 de septiembre de 2015 en C\u00facuta, a esa fecha ya se hab\u00edan reportado los primeros casos de personas deportadas desde Caracas por la frontera venezolana con Arauca; al tiempo que el Ministerio del Interior tiene datos de deportaciones en otros puntos fronterizos sin cierre, lo que indica que las deportaciones se han venido ampliando a distintos puntos fronterizos con el pa\u00eds vecino.<\/p>\n

            2. PRESUPUESTOS VALORATIVO Y DE NECESIDAD<\/h4>\n

            Que las cifras de deportaciones masivas, repatriaciones y expulsiones ordenadas por las autoridades venezolanas, adem\u00e1s de las personas que voluntariamente han regresado al pa\u00eds por temor a las medidas de las autoridades venezolanas, que a la fecha ascienden al menos a 13.138 personas, seg\u00fan el \u00faltimo informe de la UNGRD, han generado una grave e inminente crisis humanitaria, social y econ\u00f3mica en gran parte de los municipios colombianos de la frontera con Venezuela, que no puede conjurarse con los mecanismos ordinarios a disposici\u00f3n de las autoridades competentes.<\/p>\n

            Que en ejercicio de sus propias facultades constitucionales y legales, las autoridades locales y nacionales han desplegado las competencias requeridas para superar la crisis humanitaria generada por la migraci\u00f3n masiva de colombianos al territorio nacional.<\/p>\n

            Que entre las medidas locales ordinarias que se han dictado para conjurar la crisis est\u00e1n la declaratoria de calamidad p\u00fablica en los municipios de Puerto Santander, Villa del Rosario, y C\u00facuta, Norte de Santander, mediante los Decretos n\u00fameros 060 del 29 de agosto de 2015, 157 del 24 de agosto de 2015 y 849 del 24 de agosto de 2015, respectivamente, no obstante lo cual, tal como lo han reconocido las mismas autoridades territoriales, la emergencia ha superado la capacidad institucional del municipio.<\/p>\n

            Que por su parte, el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social (DPS) ha adoptado medidas para mitigar la afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales de las personas afectadas.<\/p>\n

            Que, en efecto, como respuesta a la situaci\u00f3n que se presenta en la frontera ColomboVenezolana, el Gobierno nacional a trav\u00e9s de las entidades que integran el Sector de la Inclusi\u00f3n Social y la Reconciliaci\u00f3n adelant\u00f3 acciones de caracterizaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n deportada con el prop\u00f3sito de proceder a cualificar y complementar la informaci\u00f3n de las familias afectadas; inclusi\u00f3n en el Registro \u00danico de V\u00edctimas de aquellas personas que, adem\u00e1s de la condici\u00f3n de afectados derivada de la situaci\u00f3n de la frontera, fueron identificados como v\u00edctimas del conflicto armado interno; orientaci\u00f3n a las personas afectadas en la frontera sobre los derechos que les asisten como v\u00edctimas del conflicto armado interno cuya inclusi\u00f3n en registro se realiz\u00f3 con anterioridad; asignaci\u00f3n de cupos de empleos temporales y promoci\u00f3n de otros mediante la aceleraci\u00f3n de obras de infraestructura comunitaria; destinaci\u00f3n de recursos con el prop\u00f3sito de brindar un incentivo econ\u00f3mico a las familias afectadas que participan en procesos de formaci\u00f3n en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA; creaci\u00f3n de cupos en el marco del Programa Generaciones con Bienestar; identificaci\u00f3n de menores de edad afectados con la situaci\u00f3n de la frontera y atenci\u00f3n en los casos requeridos.<\/p>\n

            Que al atender la crisis fronteriza, la Unidad Nacional para la Gesti\u00f3n del Riesgo de Desastres (UNGRD) adelant\u00f3 desde el comienzo las actividades propias de su competencia, incluyendo el seguimiento al plan de atenci\u00f3n y coordinaci\u00f3n; el establecimiento de una sala de crisis; el levantamiento, caracterizaci\u00f3n y unificaci\u00f3n de criterios para datos estad\u00edsticos y la implementaci\u00f3n de medidas para evitar el fraude a la oferta institucional; la disposici\u00f3n de veh\u00edculos y bodegas para el dep\u00f3sito de v\u00edveres; el traslado de personas a albergues; el dise\u00f1o de medidas de seguridad en los albergues; el mejoramiento del agua y el saneamiento b\u00e1sico en los mismos; la identificaci\u00f3n de medidas de enfoque diferencial; la atenci\u00f3n a ni\u00f1os de primera infancia con colaboraci\u00f3n del ICBF, y el adelantamiento de jornadas de vacunaci\u00f3n.<\/p>\n

            Que el ICBF ha atendido 3.161 personas, de las cuales 605 corresponden a menores de 5 a\u00f1os, 817 a menores entre los 6 y los 17 a\u00f1os, y 104 a madres lactantes y gestantes.<\/p>\n

            Que, adicionalmente, seg\u00fan el \u00faltimo reporte recibido de la Unidad Nacional para la Gesti\u00f3n del Riesgo de Desastres, se han habilitado en los municipios de C\u00facuta y Villa del<\/em><\/p>\n

            Rosario un total de 22 albergues ubicados en centros educativos, iglesias y hoteles en los cuales se encuentran alojadas 3.367 personas. Tambi\u00e9n se registra un acompa\u00f1amiento por la UNGRD y la OIM en el retorno y salida de albergues hacia diferentes ciudades de 1.082 personas.<\/p>\n

            Que, adicionalmente, seg\u00fan los reportes de la Unidad Nacional para la Gesti\u00f3n del Riesgo de Desastres, se han habilitado en los municipios de C\u00facuta y Villa del Rosario un total de 20 albergues ubicados en centros educativos, iglesias, hoteles en los cuales se encuentran alojadas 3.429 personas.<\/p>\n

            Que adicionalmente, el 4 de septiembre de 2015 el Gobierno nacional expidi\u00f3 el Decreto n\u00famero 1768 de 2015 mediante el cual estableci\u00f3 condiciones especiales de afiliaci\u00f3n al r\u00e9gimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud de los migrantes colombianos que han regresado de Venezuela a ra\u00edz de la declaratoria de Estado de Excepci\u00f3n en ese pa\u00eds y se estableci\u00f3 el mecanismo para la prestaci\u00f3n de los servicios de salud de las personas que no se encuentran afiliadas y que requieran de atenci\u00f3n m\u00e9dica.<\/p>\n

            Que no obstante que las autoridades locales y nacionales han adelantado acciones dirigidas a solucionar los problemas generados por la crisis, estas han sido insuficientes para conjurarla definitivamente, a pesar de que en los casos m\u00e1s graves la migraci\u00f3n masiva afecta los derechos fundamentales de ni\u00f1os, adolescentes, adultos mayores, personas enfermas y familias de escasos recursos, poniendo en peligro su subsistencia digna, el derecho a la vivienda, a la familia y sus derechos patrimoniales.<\/p>\n

            Que en atenci\u00f3n a la gravedad de las circunstancias, se hace indispensable adoptar medidas legislativas que permitan superar la emergencia econ\u00f3mica, social y ecol\u00f3gica que viven los colombianos afectados por la crisis de la frontera, seg\u00fan los registros que lleven las autoridades p\u00fablicas competentes.<\/p>\n

            Que en atenci\u00f3n a que las medidas adoptadas por el Gobierno de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela pueden extenderse a toda la frontera con Colombia \u2013prueba de lo cual es el hecho de que el Estado de Excepci\u00f3n inicialmente declarado ya fue ampliado a otros municipios del vecino pa\u00eds\u2013 se hace necesario declarar el Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica en todos los municipios colombianos lim\u00edtrofes con Venezuela, as\u00ed como en los municipios de El Zulia, Salazar de las Palmas y Sardinata, del Norte de Santander, con el fin de conjurar la crisis e impedir la extensi\u00f3n de sus efectos.<\/p>\n

            a) Reintegraci\u00f3n familiar<\/h5>\n

            Que, entre las situaciones producidas por la crisis, la deportaci\u00f3n masiva e indiscriminada de colombianos, las repatriaciones, los retornos y las expulsiones han desintegrado familias compuestas por miembros de ambas nacionalidades.<\/p>\n

            Que con el fin de garantizar la reunificaci\u00f3n inmediata de familias integradas por nacionales colombianos y venezolanos, resulta necesario adoptar medidas excepcionales de tipo migratorio que permitan la expedici\u00f3n de permisos especiales de ingreso y permanencia en el territorio nacional de los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes de nacionalidad venezolana, con miras a adelantar posteriormente el tr\u00e1mite de solicitud de la nacionalidad colombiana.<\/p>\n

            b) Atenci\u00f3n social<\/h5>\n

            Que dado que muchas de las personas que regresaron y siguen regresando al pa\u00eds lo hacen habiendo dejado atr\u00e1s todas sus pertenencias, escasamente provistas de elementos de primera necesidad, resulta necesario levantar ciertas restricciones legales relacionadas con la identificaci\u00f3n, selecci\u00f3n y registro de personas en programas asistenciales y sociales ofrecidos por el Estado, as\u00ed como establecer criterios adecuados a su condici\u00f3n que permitan focalizar y priorizar el gasto p\u00fablico social en favor de ellas, incluyendo la posibilidad de destinar recursos parafiscales para su atenci\u00f3n.<\/p>\n

            c) Mercado laboral<\/h5>\n

            Que, adicionalmente, el cierre de la frontera ha presionado fuertemente el mercado laboral en los municipios afectados por la medida.<\/p>\n

            Que aunque el efecto de cierre de las fronteras genera un incremento del desempleo en los municipios lim\u00edtrofes, la situaci\u00f3n en C\u00facuta es particularmente cr\u00edtica si se tiene en cuenta que la ciudad y su \u00e1rea metropolitana presentan problemas graves de desempleo \u2013muy superiores a los de la media nacional\u2013 motivo por el cual, el s\u00fabito e intempestivo cierre del tr\u00e1nsito entre los dos pa\u00edses ha disminuido las posibilidades de que los cucute\u00f1os pasen la frontera para derivar recursos de subsistencia en Venezuela.<\/p>\n

            Que de acuerdo con informaci\u00f3n suministrada por el Departamento Nacional de Estad\u00edstica (DANE), la ciudad de C\u00facuta, junto con el \u00e1rea metropolitana (C\u00facuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia), para el trimestre m\u00f3vil mayo-julio 2015, es la tercera ciudad con mayor \u00edndice de desempleo en Colombia y la que presenta mayor porcentaje de empleo informal de las grandes ciudades del pa\u00eds.<\/p>\n

            Que en funci\u00f3n de las din\u00e1micas econ\u00f3micas propias de los municipios de la frontera, el cierre de los puntos de paso se traduce en un aumento de la presi\u00f3n del mercado laboral que puede traer consecuencias desfavorables de tipo social y econ\u00f3mico. As\u00ed, por ejemplo, seg\u00fan cifras del Ministerio del Trabajo, la crisis fronteriza amenaza con poner en riesgo 7.000 empleos del sector minero, en raz\u00f3n de la imposibilidad de transportar carb\u00f3n por territorio venezolano. En otros casos, el cierre fronterizo compromete 3.200 empleos en el sector de transporte de pasajeros y carga.<\/p>\n

            Que en tales condiciones, con el fin de dinamizar el mercado laboral de la regi\u00f3n, se hace necesario adoptar medidas que reduzcan las cargas laborales no salariales, que promuevan la capacitaci\u00f3n y la formalizaci\u00f3n laboral y que dinamicen la oferta laboral de personas afectadas por la crisis en la frontera con Venezuela.<\/p>\n

            d) Definici\u00f3n de situaci\u00f3n militar<\/h5>\n

            Que seg\u00fan informaci\u00f3n del Registro \u00danico de Damnificados de la UNGRD, un n\u00famero cercano a los tres mil hombres entre los 17 y los 50 a\u00f1os han ingresado al pa\u00eds en condiciones anormales a ra\u00edz de la crisis fronteriza.<\/p>\n

            Que entre ellos, muchos podr\u00edan estar obligados a definir su situaci\u00f3n militar o estar pr\u00f3ximos a tener que hacerlo.<\/p>\n

            Que la definici\u00f3n de la situaci\u00f3n militar incide en i) la posibilidad de ser objeto de sanci\u00f3n o compulsi\u00f3n para prestar el servicio militar; ii) en el pago de la cuota de compensaci\u00f3n militar; iii) en la posibilidad de celebrar contratos con entidades p\u00fablicas; iv) en la posibilidad de ingresar a la carrera administrativa; v) en la posibilidad de tomar posesi\u00f3n de cargos p\u00fablicos; vi) en la posibilidad de vincularse laboralmente y de que las empresas que contraten sin el cumplimiento de ese requisito sean sancionadas; y vii) en la posibilidad de vincularse a organismos docentes de ense\u00f1anza superior o t\u00e9cnica.<\/p>\n

            Que dadas las m\u00faltiples consecuencias que se derivan de la necesidad de definir la situaci\u00f3n militar, resulta necesario adoptar medidas que permitan establecer excepciones a dicho r\u00e9gimen en beneficio de las personas que hayan ingresado al pa\u00eds a ra\u00edz de la crisis fronteriza.<\/p>\n

            e) Comercio e industria<\/h5>\n

            Que no obstante que Colombia tiene un mercado natural con Venezuela, al punto que, pese a las dificultades, el pa\u00eds vecino es el tercer destino de las ventas no minero energ\u00e9ticas de Colombia, entre el 2008 y el 2014 las ventas totales al mismo se redujeron en 67%.<\/p>\n

            Que seg\u00fan estimaciones de la C\u00e1mara de Comercio de C\u00facuta, cada 30 d\u00edas de cierre generan p\u00e9rdidas en exportaciones de alrededor de USD 3,2 millones, generando que los productores tengan que buscar nuevos clientes para su oferta en el mercado nacional o en otros pa\u00edses incurriendo en costos en la transici\u00f3n.<\/p>\n

            Que seg\u00fan el DANE, cerca del 40% de las importaciones desde Venezuela representan el 10% de la canasta b\u00e1sica de consumo para hogares, por lo cual no se descartan impactos directos sobre la inflaci\u00f3n.<\/p>\n

            Que todo lo anterior se traducir\u00e1 en una desaceleraci\u00f3n generalizada de la actividad econ\u00f3mica de los municipios de la frontera que afectar\u00e1 la calidad de vida de sus habitantes y dar\u00eda espacio a una mayor desigualdad, afectando gravemente el orden social y econ\u00f3mico de la zona de frontera.<\/p>\n

            Que por lo anterior es necesario generar mecanismos de emergencia, tales como medidas tributarias, contractuales, crediticias, de cofinanciaci\u00f3n o destinaci\u00f3n de recursos parafiscales, que contrarresten el impacto de la crisis sobre el mercado laboral, que disminuyan los costos transaccionales de ciertos tr\u00e1mites, que permitan aliviar el impacto negativo sobre los sectores productivos y sobre los consumidores de la regi\u00f3n de frontera, que estimulen la microempresa, que faciliten la atracci\u00f3n de la inversi\u00f3n nacional y extranjera directa en los municipios respecto de los cuales se declara el Estado de Emergencia y que permitan atenuar la situaci\u00f3n econ\u00f3mica incrementando la productividad y diversificaci\u00f3n de su tejido empresarial.<\/p>\n

            f) Transporte de carb\u00f3n<\/h5>\n

            Que gran parte del intercambio comercial que se realiza con la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela se materializa en el transporte y habilitaci\u00f3n de centros de acopio vinculados al proceso de explotaci\u00f3n de minerales, al punto que cuatro municipios de Norte de Santander (El Zulia, Salazar de las Palmas, Sardinata y C\u00facuta) producen algo m\u00e1s del 80% del carb\u00f3n del departamento, mineral que se despacha por puertos del vecino pa\u00eds.<\/p>\n

            Que en el mismo \u00e1mbito, los peque\u00f1os productores de carb\u00f3n de varios municipios de Norte de Santander, que usan el puerto de Maracaibo en Venezuela para sus exportaciones, est\u00e1n enfrentando p\u00e9rdidas por US$175.000 por cada d\u00eda de cierre de la frontera, lo que implica p\u00e9rdidas por seis millones cuatrocientos mil d\u00f3lares (US$6.400.000). A esto se suma que las hullas son el principal producto de exportaci\u00f3n del departamento (32% del total en el periodo enero-mayo 2015).<\/p>\n

            Que en estas condiciones, el cierre de las fronteras afecta definitivamente el intercambio comercial de este mineral y podr\u00eda generar una amenaza ecol\u00f3gica, pues a la fecha se encuentran represadas 220.000 toneladas de carb\u00f3n en centros de acopio de Norte de Santander, cifra que podr\u00eda aumentar por la no movilizaci\u00f3n de la producci\u00f3n diaria.<\/p>\n

            Que por las mismas razones, el cierre de las fronteras afecta inusitada y gravemente el intercambio comercial de este mineral, perjudica el empleo vinculado a esa actividad, afecta a las familias de los trabajadores que viven de la industria y perturba el orden social y econ\u00f3mico derivado de la misma, lo cual obliga a buscar alternativas de tipo tributario, contractual, administrativo, ambientales; reducci\u00f3n de tarifas de carretera, f\u00e9rreas y portuarias, y, en general, cualquier medida que permita que el transporte de ese mineral en territorio colombiano garantice las condiciones de eficiencia y competitividad existentes.<\/p>\n

            Que as\u00ed mismo, se hace necesario adoptar medidas que permitan superar algunas restricciones de movilidad que vienen operando hasta la fecha.<\/p>\n

            g) Convenios interadministrativos y contrataci\u00f3n directa<\/h5>\n

            Que con el fin de atender la crisis humanitaria, social y econ\u00f3mica generada en la frontera, se hace indispensable brindar a los colombianos afectados atenci\u00f3n especial para satisfacer sus necesidades b\u00e1sicas y apoyar su reubicaci\u00f3n en territorio nacional, para lo cual la naci\u00f3n y los municipios afectados deben trabajar conjuntamente, a fin de coordinar esfuerzos y ejecutar los recursos requeridos para el efecto.<\/p>\n

            Que para la debida colaboraci\u00f3n y coordinaci\u00f3n de esfuerzos y la ejecuci\u00f3n de los recursos para atender la emergencia, resulta necesario que las entidades estatales, tanto las del Gobierno nacional central como descentralizado, y los departamentos fronterizos con Venezuela, suscriban convenios interadministrativos con los municipios afectados, de manera que sea posible encausar y agilizar la ejecuci\u00f3n de recursos del orden nacional y territorial en las obras, proyectos, programas, actividades y dem\u00e1s acciones que est\u00e9n<\/p>\n

            orientadas a conjurar la crisis e impedir la extensi\u00f3n de sus efectos, para lo cual se hace indispensable levantar restricciones legales vigentes en la materia.<\/p>\n

            Que, con el mismo fin, resulta necesario habilitar a las entidades estatales financieras o de naturaleza financiera para que asignen, a trav\u00e9s de mecanismos de contrataci\u00f3n directa, recursos no reembolsables que permitan estructurar proyectos prioritarios de manera eficaz, \u00e1gil y eficiente.<\/p>\n

            h) Industrias y empresas ubicadas en territorio venezolano<\/h5>\n

            Que teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno venezolano y considerando que la inversi\u00f3n extranjera directa de Colombia en Venezuela, de acuerdo con las cifras del Banco de la Rep\u00fablica, fue de 8,2 millones de d\u00f3lares en 2014, se hace necesario la adopci\u00f3n de medidas administrativas, fiscales, tributarias, arancelarias, entre otras, para efectos de facilitar la relocalizaci\u00f3n en Colombia de empresas de colombianos ubicadas en Venezuela.<\/p>\n

            DECRETA:<\/span><\/p>\n

            Art\u00edculo 1\u00b0. Decl\u00e1rese el Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica en los municipios de La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Fonseca, Barrancas, Albania, Maicao, Uribia y Hato Nuevo en el departamento de La Guajira; Manaure-Balc\u00f3n del Cesar, La Paz, Agust\u00edn Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguan\u00e1 y Curuman\u00ed en el departamento del Cesar; Toledo, Herr\u00e1n, Ragonvalia, Villa del Rosario, Puerto Santander, \u00c1rea Metropolitana de C\u00facuta, Tib\u00fa, Teorama, Convenci\u00f3n, El Carmen, El Zulia, Salazar de las Palmas y Sardinata, en el departamento de Norte de Santander; Cubar\u00e1, en el departamento de Boyac\u00e1; Cravo Norte, Arauca, Arauquita y Saravena en el departamento de Arauca; La Primavera, Puerto Carre\u00f1o y Cumaribo en el departamento del Vichada, e In\u00edrida del departamento de Guain\u00eda, por el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto.<\/span><\/p>\n

            Art\u00edculo 2\u00b0. El Gobierno nacional, ejercer\u00e1 las facultades a las cuales se refiere el art\u00edculo 215 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 10 del presente decreto.<\/p>\n

            Art\u00edculo 3\u00b0. El Gobierno nacional adoptar\u00e1 mediante decretos legislativos, las medidas que se requieran en desarrollo del presente estado de emergencia econ\u00f3mica, social y ecol\u00f3gica y dispondr\u00e1 las operaciones presupuestales necesarias.<\/p>\n

            Art\u00edculo 4\u00b0. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedici\u00f3n.<\/p>\n

            Publ\u00edquese, comun\u00edquese y c\u00famplase.<\/p>\n

            Dado en Bogot\u00e1, D. C., a 7 de septiembre de 2015.<\/p>\n

            JUAN MANUEL SANTOS CALDER\u00d3N<\/p>\n

            El Ministro del Interior,<\/p>\n

            Juan Fernando Cristo Bustos. <\/em><\/p>\n

            El Ministro del Interior, encargado de las funciones del Despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores,<\/p>\n

            Juan Fernando Cristo Bustos. <\/em>El Ministro de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico,<\/p>\n

            Mauricio Cardenas Santamar\u00eda. <\/em><\/p>\n

            El Ministro de Justicia y del Derecho,<\/p>\n

            Yesid Reyes Alvarado.<\/em><\/p>\n

            El Ministro de Defensa Nacional,<\/p>\n

            Luis Carlos Villegas Echeverri. <\/em>El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,<\/p>\n

            Aurelio Iragorri Valencia. <\/em><\/p>\n

            El Ministro de Salud y Protecci\u00f3n Social,<\/p>\n

            Alejandro Gaviria Uribe. <\/em>El Ministro de Trabajo,<\/p>\n

            Luis Eduardo Garz\u00f3n.<\/em><\/p>\n

            El Ministro de Minas y Energ\u00eda,<\/p>\n

            Tom\u00e1s Gonz\u00e1lez Estrada. <\/em><\/p>\n

            La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,<\/p>\n

            Cecilia \u00c1lvarez-Correa Glen.<\/em><\/p>\n

            La Ministra de Educaci\u00f3n Nacional,<\/p>\n

            Gina Parody D\u00b4Echeona. <\/em><\/p>\n

            El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,<\/p>\n

            Gabriel Vallejo L\u00f3pez.<\/em><\/p>\n

            El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,<\/p>\n

            Luis Felipe Henao Cardona. <\/em><\/p>\n

            El Ministro de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones, David Luna S\u00e1nchez.<\/em><\/p>\n

            La Ministra de Transporte,<\/p>\n

            Natalia Abello Vives. <\/em><\/p>\n

            La Ministra de Cultura,<\/p>\n

            Mariana Garc\u00e9s C\u00f3rdoba.<\/em><\/p>\n

            ministerio del interior<\/h3>\n

            \u00a0Link para descargar decretos relacionados :\u00a0 http:\/\/wp.presidencia.gov.co\/sitios\/normativa\/decretos\/2015\/Paginas\/septiembre.aspx<\/span>
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            A trav\u00e9s de los decretos 1770 de septiembre 07 y septiembre 15 de 2015, se adoptan medidas tributarias transitorias para estimular la actividad econ\u00f3mica y conjurar la crisis econ\u00f3mica, humanitaria y social en los municipios de frontera afectados.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5931,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[454],"tags":[],"class_list":["post-5930","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sin-categoria"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t