{"id":7339,"date":"2016-06-08T20:50:33","date_gmt":"2016-06-09T01:50:33","guid":{"rendered":"http:\/\/colegiocolombianodecontadores.com\/?p=7339"},"modified":"2017-02-04T21:58:29","modified_gmt":"2017-02-05T02:58:29","slug":"concepto-09857-abril-27-2016-dian-documento-soporte-para-procedencia-de-impuestos-descontables","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/contadoreshoy.com\/?p=7339","title":{"rendered":"CONCEPTO 09857 ABRIL 27 2016 DIAN – DOCUMENTO SOPORTE PARA PROCEDENCIA DE IMPUESTOS DESCONTABLES"},"content":{"rendered":"

CONCEPTO N\u00daMERO 009857 DE 2016 DIAN
\n<\/strong><\/p>\n

( abril\u00a0 27)<\/p>\n

 <\/p>\n

De conformidad con el art\u00edculo 20 del Decreto 4048 de 2008, es funci\u00f3n de este Despacho absolver las consultas escritas que se formulen sobre interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las normas tributarias de car\u00e1cter nacional, aduaneras y cambiarias en lo de competencia de esta entidad.<\/p>\n

PROBLEMA JUR\u00cdDICO<\/strong><\/p>\n

Con fundamento en los principios de justicia y equidad, \u00bfEs procedente que un contratante tome como impuesto descontable en el impuesto sobre las ventas y como deducible en el impuesto sobre la renta, un gasto correspondiente a un servicio suministrado, y que no es facturado por el contratista?<\/span><\/p>\n

TESIS JUR\u00cdDICA<\/strong><\/span><\/p>\n

Para la procedencia de costos y gastos en el impuesto sobre la renta as\u00ed como de impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requiere obligatoriamente el cumplimiento de las exigencias legales.<\/span><\/p>\n

INTERPRETACI\u00d3N JUR\u00cdDICA <\/strong><\/p>\n

Para fundamentar su pregunta, manifiesta que existen ocasiones en las cuales el contratista prestador de servicios por diferentes razones, se niega a expedir la correspondiente factura, pero que no obstante el contratante ha efectuado los pagos \u2013en muchos casos para evitar problemas sociales pues paga directamente a los trabajadores- cuenta con los contratos y otro tipo de soportes que reflejan la operaci\u00f3n. Se\u00f1ala que esta omisi\u00f3n no implica que los gastos sean inexistentes o que la operaci\u00f3n no se realiz\u00f3 y que esta omisi\u00f3n no puede ser imputable al contratante de tal manera que se perjudique por un tercero.<\/span><\/p>\n

Cita el art\u00edculo 95 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el 363 ib\u00eddem que se refiere a los principios de equidad, eficiencia y progresividad en que se funda el sistema tributario, as\u00ed como el art\u00edculo 683 del Estatuto Tributario para concluir que las actuaciones de la Administraci\u00f3n Fiscal deben basarse en ellos dando prevalencia a la sustancia sobre la mera formalidad \u2013la cual a su juicio lo es la expedici\u00f3n de la factura-, adem\u00e1s no existe en la legislaci\u00f3n tributaria mecanismo legal que permita al contratante obligar al contratista a expedir la factura, y que la no procedencia del mencionado gasto \u201c \u2026crear\u00eda una carga tributaria adicional para el contratante sin existir una justificaci\u00f3n, ya que no es responsabilidad del contratante la negativa del contratista de factura\u201d.<\/p>\n

Contin\u00faa, \u201cque la Corte Constitucional ha establecido la importancia de la equidad vertical y de la equidad horizontal seg\u00fan la cual las personas con capacidad econ\u00f3mica igual deben contribuir de igual manera. As\u00ed y luego de reiterar los argumentos, se\u00f1ala que no permitir que en estos casos se tomen estos valores efectivamente pagados, como descontables y\/o deducibles, atenta contra tales principios en especial contra el de justicia y equidad en perjuicio del contratante. Por ello, estima que se debe permitir tomar los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, as\u00ed como los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, en los casos en que el contratante no expida la factura, pero estos gastos s\u00ed se han realizado y existe el debido contrato\u201d.<\/span><\/p>\n

Sobre el tema, considera esta Oficina, necesario hacer las siguientes precisiones:<\/p>\n

En efecto, de conformidad con los art\u00edculos 615 y siguientes del Estatuto Tributario existe la obligaci\u00f3n de expedir factura con el lleno de los requisitos legales en las operaciones de venta o prestaci\u00f3n de servicios, conforme lo dispone el art\u00edculo 615 y siguientes del mismo texto.<\/p>\n

Por su parte, el art\u00edculo 771-2, motivo de consulta consagra la siguiente exigencia legal:<\/p>\n

\u201cART\u00cdCULO 771-2. PROCEDENCIA DE COSTOS, DEDUCCIONES E IMPUESTOS DESCONTABLES. <Art\u00edculo adicionado por el art\u00edculo 3\u00b0<\/u> de la Ley 383 de 1997. El nuevo texto es el siguiente:> Para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, as\u00ed como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requerir\u00e1 de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) de los art\u00edculos 617<\/u> y 618<\/u> del Estatuto Tributario. (\u2026)\u201d.<\/span><\/em><\/p>\n

La norma es expresa al se\u00f1alar que es requisito indispensable para la procedencia de costos y deducciones as\u00ed como de impuestos descontable, que estos se encuentren debidamente soportados con facturas<\/u>, las cuales deben cumplir con el lleno de los requisitos previstos en los art\u00edculos 617 y 618 del mismo Estatuto.<\/p>\n

En consecuencia, la expedici\u00f3n de factura o documento equivalente, es una obligaci\u00f3n de los comerciantes, de quienes ejercen profesiones liberales o prestan servicios inherentes a las mismas, o enajenan bienes producto de la actividad agr\u00edcola o ganadera; a m\u00e1s de ser necesaria en relaci\u00f3n con la demostraci\u00f3n de costos, deducciones e impuestos descontables y por lo mismo debe ser exigida por los adquirentes de bienes o servicios.<\/p>\n

Esta dependencia se ha pronunciado en reiteradas oportunidades acerca de la presente exigencia legal; no obstante en esta oportunidad y ante la inquietud formulada en cuanto a se\u00f1alar Ud. \u201cque la factura es un requisito meramente formal y que por ello en aras de los principios que rigen el sistema tributario en caso de su no expedici\u00f3n por causas no imputables al contratante, se deben permitir tomar los costos y deducciones con otros documentos soporte\u201d; se hace necesario tener presente algunas de las consideraciones que hiciera la sala plena de la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-733-03 de 26 de agosto de 2003, M.P. Clara In\u00e9s Vargas Hern\u00e1ndez, al estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 383 de 1997, incorporado al Estatuto Tributario bajo el art\u00edculo 771-2, \u201cpor la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasi\u00f3n y se dictan otras disposiciones\u201d<\/em>, norma declarada exequible.<\/span><\/p>\n

Ante los argumentos del demandante (de los cuales se toma un aparte, dada la similitud con la consulta),<\/p>\n

\u201c (\u2026.) En su sentir, para el presente caso, el contribuyente realmente est\u00e1 resultando castigado con el rechazo de sus costos, gastos e impuestos descontables, por el hecho de que el proveedor de bienes y servicios incumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n formal de facturar, bien por ausencia de esta o porque la misma no cuenta con el lleno de los requisitos legales. Entonces imponer una sanci\u00f3n al contribuyente por hechos imputables a otra persona, m\u00e1s si se considera que carece de injerencia en el comportamiento del tercero, resulta para el actor inexequible. (\u2026).<\/p>\n

(\u2026) Finalmente se\u00f1ala que a\u00fan si se acepta que la sanci\u00f3n no se impone por el hecho ajeno, sino por el incumplimiento del deber de colaboraci\u00f3n en la labor de fiscalizaci\u00f3n y control de la obligaci\u00f3n de facturar a cargo de los terceros proveedores de bienes y servicios, la norma resulta acusada inconstitucional pues tal hecho no puede ser sancionado con el rechazo de los costos, gastos e impuestos descontables, toda vez que dicha sanci\u00f3n resulta abiertamente desproporcionada e irrazonable si se compara con el bien jur\u00eddico tutelado y el da\u00f1o causado. (\u2026)\u201d.<\/p>\n

La Corte Constitucional, consider\u00f3 que:<\/p>\n

\u201c (\u2026) <\/em><\/p>\n

\u2026queda establecido que los deberes tributarios de \u00edndole formal son el instrumento que le permite al fisco no solo verificar el pago de los impuestos y contribuciones a que est\u00e1n obligados los contribuyentes, sino tambi\u00e9n determinar qu\u00e9 personas est\u00e1n obligadas a hacerlo y en qu\u00e9 cuant\u00eda, incidiendo de esta manera en el control a la evasi\u00f3n y al contrabando y en el recaudo efectivo de los caudales p\u00fablicos con los que habr\u00e1n de sufragarse los gastos e inversiones del Estado.<\/em><\/p>\n

(\u2026)<\/em><\/p>\n

    \n
  1. Importancia tributaria de la factura o documento equivalente<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

    (\u2026) <\/em><\/p>\n

    Como lo ha reconocido esta Corporaci\u00f3n, la expedici\u00f3n de la factura con los citados requisitos se funda en los principios de seguridad y certeza jur\u00eddicas y cumple un papel esencial para constatar la existencia y cumplimiento de algunas obligaciones, y por lo tanto no es una simple formalidad sin efecto jur\u00eddico alguno, sino el cumplimiento mismo de buena parte de los deberes impositivos que permiten el recaudo de los impuestos fundamentales para la hacienda p\u00fablica y cuya expedici\u00f3n con el lleno de los requisitos exigidos resulta indispensable para determinar las partes de la obligaci\u00f3n tributaria, el objeto sobre el que recae el gravamen, o la aplicaci\u00f3n de ciertos beneficios contemplados por la ley. As\u00ed lo consider\u00f3 la Corte en los siguientes t\u00e9rminos:<\/em><\/p>\n

    \u201c(\u2026) resulta necesario recordar que dentro de un ordenamiento jur\u00eddico como el colombiano, fundado en el respeto de los principios de seguridad y certeza jur\u00eddicas, y deudor de una tradici\u00f3n legal que se sustenta en el respeto al derecho escrito, la prueba documental de ciertos actos jur\u00eddicos cumple un papel esencial para constatar la existencia y cumplimiento de algunas obligaciones; no puede decirse, entonces, so pena de hacer una generalizaci\u00f3n que ri\u00f1e con la forma en que se ha estructurado nuestro sistema de derecho, que la referencia que hace la ley, en este caso la norma acusada, al cumplimiento de exigencias sobre la expedici\u00f3n de documentos jur\u00eddicamente relevantes en materia tributaria \u2013v. gr. La factura elaborada por el comerciante en desarrollo de sus operaciones\u2013, constituye una alusi\u00f3n a simples requisitos de forma de los cuales no se puede desprender responsabilidad alguna. En esta materia no puede perderse de vista que la fijaci\u00f3n de los requisitos a los que se debe ajustar la expedici\u00f3n de una factura, tiene una espec\u00edfica raz\u00f3n de ser dentro del funcionamiento de nuestro sistema tributario, pues dicho acto configura la base para la comprobaci\u00f3n del cumplimiento de buena parte de los deberes, que como agentes de la administraci\u00f3n en materia impositiva, son predicables de todos los comerciantes.<\/em><\/p>\n

    \u00a0(\u2026)<\/em><\/p>\n

    \u201cNo resulta desproporcionado, entonces, establecer que cuando se incumpla con estas exigencias, connaturales a la naturaleza propia de los comerciantes como sujetos dedicados profesionalmente al intercambio de bienes y servicios, el legislador exija con rigor el acatamiento de ciertos deberes y castigue su inobservancia, bien si se infringe la norma por primera vez o si se reitera en su inaplicaci\u00f3n, estableciendo ciertas sanciones (v. gr. La clausura del establecimiento de comercio, oficina, consultorio o sitio donde se ejerza la actividad[16]<\/u>). Lo que est\u00e1 en juego aqu\u00ed, menester es reiterarlo, no es la simple verificaci\u00f3n de un procedimiento administrativo que se propone junto a muchos otros \u201ctr\u00e1mites\u201d que se predican de los comerciantes, sino de la comprobaci\u00f3n del cumplimiento cierto y veraz de obligaciones tributarias respecto de las cuales, la expedici\u00f3n de un documento como la factura, es la fuente de informaci\u00f3n, para el consumidor y para el Estado, de la actividad gravada, la cuant\u00eda del gravamen y el cobro del mismo, de forma tal, que su no entrega, o la no incorporaci\u00f3n de toda la informaci\u00f3n exigida por la ley, se conviertan en hechos graves, an\u00e1logos a la propia evasi\u00f3n\u201d.[17]<\/u><\/em><\/p>\n

    (\u2026)<\/em><\/p>\n

    Correlativamente a la obligaci\u00f3n de expedir factura, el art\u00edculo 618 del E.T., modificado por el art\u00edculo 76 de la Ley 488 de 1998, consagra la obligaci\u00f3n de exigir facturas o documentos equivalentes que establezcan las normas legales para los adquirentes de bienes corporales muebles o servicios, al igual que a exhibirlos cuando los funcionarios de la administraci\u00f3n tributaria debidamente comisionados para el efecto as\u00ed lo exijan, obligaci\u00f3n que la Corte encontr\u00f3 ajustada a la Constituci\u00f3n por ser trasunto del deber constitucional de solidaridad que tienen todas las personas en relaci\u00f3n con las instituciones del Estado encargadas del recaudo de los impuestos y el control de la evasi\u00f3n y el contrabando:<\/em><\/span><\/p>\n

    \u201c(\u2026) comparte la Corte la constitucionalidad de la obligaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 76 demandado, por cuanto se hace indispensable convertir al consumidor en un ente vigilante de la expedici\u00f3n de facturas; debe exig\u00edrselas al comerciante, para as\u00ed cercar a la evasi\u00f3n en todos los niveles. (\u2026).<\/em><\/p>\n

    As\u00ed pues, queda claro que en materia impositiva la factura o documento equivalente cumple un papel trascendental, por cuanto constituye valiosa fuente de informaci\u00f3n para el control de la actividad generadora de renta y para efectos del cobro y recaudo de ciertos impuestos, lo que le permite a la administraci\u00f3n evitar o al menos disminuir la evasi\u00f3n y el contrabando, conocer la magnitud de los recursos con que cuenta, proceder a su recaudo y financiar luego los gastos e inversiones necesarias para el cumplimiento de los fines esenciales que le ha trazado el constituyente al Estado. Por ello, es importante que los obligados a expedir facturas lo hagan con las exigencias previstas en la ley, y que los consumidores de bienes y servicios por su parte cumplan con la obligaci\u00f3n que les corresponde de exigirla, como un deber de colaboraci\u00f3n con la administraci\u00f3n para hacer efectivos los principios constitucionales de solidaridad y prevalencia del inter\u00e9s general.<\/span><\/em><\/p>\n

    ( \u2026 )<\/em><\/p>\n

    Adem\u00e1s, la expedici\u00f3n de factura o documento equivalente as\u00ed como su exigencia son obligaciones tributarias de car\u00e1cter formal impuestas por el legislador en virtud de la competencia que le otorga el art\u00edculo 338 de la Constituci\u00f3n para determinar directamente todos los elementos del tributo, as\u00ed como el se\u00f1alamiento de la forma como se proceder\u00e1 a su recaudo, para lo cual debe actuar tambi\u00e9n dentro del marco gen\u00e9rico que le fija la propia Constituci\u00f3n.<\/em><\/p>\n

    Lo anterior si se tiene en cuenta que la expedici\u00f3n y exigencia de la factura constituyen obligaciones formales que se fundan en los principios de seguridad y certeza jur\u00eddicas y que tal documento desempe\u00f1a un papel esencial para constatar la existencia o el cumplimiento de algunas obligaciones, el objeto sobre el que recae el gravamen, o la aplicaci\u00f3n de ciertos beneficios, razones que permiten concluir que el requerimiento de la norma en estudio no resulta incompatible con la Constituci\u00f3n sino que armoniza con ella.<\/em><\/p>\n

    Si, como en efecto ocurre, la finalidad de la norma bajo estudio consiste en establecer con certeza la existencia y transparencia de las transacciones econ\u00f3micas que dan lugar a los descuentos por costos y deducciones, as\u00ed como definir los impuestos descontables, y con ello acreditar su legalidad a fin de fortalecer la lucha contra la evasi\u00f3n, lejos de subvertir el ordenamiento constitucional la norma desarrolla los principios de eficiencia y equidad, puesto que solo de esa manera la administraci\u00f3n podr\u00e1 constatar que los supuestos consagrados en la norma se han aplicado a transacciones leg\u00edtimamente efectuadas y verificar\u00e1 que la liquidaci\u00f3n del impuesto corresponde a la realidad econ\u00f3mica del contribuyente.<\/em><\/p>\n

    No puede pretenderse, como lo hace el actor, invocar la violaci\u00f3n al principio de equidad cuando no se cumplen obligaciones formales tan importantes como las de exigir y expedir la factura, pues de ser as\u00ed se estimular\u00eda el desconocimiento del mandato constitucional de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado. De la misma forma, no pueden equipararse las situaciones de quienes ha observado rigurosamente sus cargas tributarias frente a las de aquellos que por el contrario las ha omitido o al menos no han obrado diligentemente (\u2026).<\/em><\/span><\/p>\n

    \u2026<\/em><\/p>\n

    As\u00ed mismo, la Corte considera que dicha exigencia no se refleja como irrazonable, precisamente por materializar un deber constitucional y corresponder a un m\u00ednimo de diligencia en las actividades propias del tr\u00e1fico mercantil. En este sentido, resulta claro que la norma acusada no pretende que el adquirente de bienes y servicios deba responder por la conducta negligente de un tercero \u2013el obligado a expedir la factura-, sino m\u00e1s bien que asuma su propia responsabilidad como persona que al participar en la operaci\u00f3n econ\u00f3mica tiene la obligaci\u00f3n de exigir la factura o documento equivalente, coadyuvando de esta forma con el ejercicio de las tareas asignadas a las autoridades competentes en el control a la evasi\u00f3n.<\/em><\/p>\n

    ( \u2026. )<\/em><\/p>\n

    Y por \u00faltimo, la Corte considera que el cargo por desconocimiento del art\u00edculo 228 de la Carta tampoco est\u00e1 llamado a prosperar, pues como ya fue explicado, siendo la factura una exigencia importante en el modelo de hacienda p\u00fablica dise\u00f1ado por el legislador y compatible con el ordenamiento constitucional, su trascendencia va m\u00e1s all\u00e1 del \u00e1mbito meramente formal para constituirse en presupuesto mismo para la configuraci\u00f3n de un derecho sustancial. No es la simple transacci\u00f3n la que configura el derecho a registrar los costos, deducciones e impuestos descontables, sino el hecho de haberla realizado dentro del marco de la ley y bajo las formalidades por ella exigidas, las cuales, como se ha visto, resultan plenamente leg\u00edtimas a la luz de la Carta Pol\u00edtica. (\u2026)\u201d.<\/em><\/p>\n

    Ante la contundencia de los argumentos expresados en la anterior Sentencia para otorgar la exequibilidad al art\u00edculo 771-2 en estudio, no puede este Despacho m\u00e1s que reiterar que la norma condiciona el reconocimiento de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y de los impuestos descontables en el IVA, a que el vendedor del bien o prestador del servicio cumpla con la obligaci\u00f3n de expedir la factura de que trata el art\u00edculo 617 del Estatuto Tributario y por parte del adquirente a exigirla, dando cumplimiento al deber de colaboraci\u00f3n del art\u00edculo 618 ib\u00eddem. La exigencia de la factura permite adicionalmente forzar al proveedor o prestador de servicios a declarar todos sus ingresos constituy\u00e9ndose en elemento para que la Administraci\u00f3n tributaria pueda constatar o desvirtuar la veracidad sobre el monto de lo declarado.<\/span><\/strong><\/p>\n

    Por lo expuesto, no es viable legalmente que en los casos en que se deba expedir la factura de venta de bienes o por la prestaci\u00f3n de servicios, esta se omita y en su lugar el reconocimiento del gasto por estas operaciones pudiera hacerse con otro medio de prueba; pues la norma establece una tarifa legal probatoria.<\/p>\n

    Corresponde a los contratantes velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones fiscales y adoptar las medidas necesarias para ajustarse a ellas.<\/p>\n

    De otra parte, si el contratista se niega a expedir la factura, adem\u00e1s de lo anterior, corresponder\u00e1 al contratante en su deber de colaboraci\u00f3n, formular la respectiva denuncia ante las autoridades tributarias para que se adelanten las acciones pertinentes.<\/span><\/strong><\/p>\n

    En cuanto a la inquietud sobre si cuando el contratista se niega a facturar, como quiera que el IVA queda como una cuenta por pagar del contratante al contratista, es posible que se autorice al contratante a retener el 100% del impuesto para que este lo declare y consigne a la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, consideramos que con la respuesta suministrada en el punto anterior es evidente el deber de expedir y exigir la factura que incluya el IVA para proceder al pago del servicio o siendo v\u00e1lido suplir esta exigencia. No queda claro para esta dependencia c\u00f3mo podr\u00eda pagarse el servicio prestado mas no el IVA incorporado al mismo, sin incurrir en una irregularidad fiscal.<\/p>\n

    En cuanto a la retenci\u00f3n del impuesto a las ventas debe acudirse a lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 437 del Estatuto Tributario que dispone qui\u00e9nes son agentes de retenci\u00f3n, y al contenido del art\u00edculo 437-1 de la misma norma que consagra la tarifa de retenci\u00f3n por IVA, as\u00ed:<\/p>\n

    \u201cART\u00cdCULO 437-1. RETENCI\u00d3N EN LA FUENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LAS <\/em><\/p>\n

    VENTAS. Con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre las ventas, se establece la retenci\u00f3n en la fuente en este impuesto, la cual deber\u00e1 practicarse en el momento en que se realice el pago o abono en cuenta, lo que ocurra primero.<\/em><\/p>\n

    La retenci\u00f3n ser\u00e1 equivalente al quince por ciento (15%) del valor del impuesto.<\/em><\/p>\n

    Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Gobierno Nacional podr\u00e1 disminuir la tarifa de retenci\u00f3n en la fuente del impuesto sobre las ventas, para aquellos responsables que en los \u00faltimos seis (6) per\u00edodos consecutivos hayan arrojado saldos a favor en sus declaraciones de ventas.<\/em><\/p>\n

    PAR\u00c1GRAFO 1\u00b0. En el caso de la prestaci\u00f3n de servicios gravados a que se refiere el numeral 3 del art\u00edculo 437-2<\/u> de este Estatuto, la retenci\u00f3n ser\u00e1 equivalente al ciento por ciento (100%) del valor del impuesto.<\/em><\/p>\n

    PAR\u00c1GRAFO 2\u00b0. En el caso de los bienes a que se refieren los art\u00edculos 437-4<\/u> y 437-5<\/u> de este Estatuto, la retenci\u00f3n equivaldr\u00e1 al ciento por ciento (100%) del valor del impuesto\u201d.<\/em><\/p>\n

    En consecuencia la retenci\u00f3n del impuesto sobre las ventas opera \u00fanicamente en los casos previstos en las disposiciones legales.<\/p>\n

    Finalmente, de manera cordial le informamos que la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y p\u00fablico en general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios ha publicado en su p\u00e1gina de Internet www.dian.gov.co<\/u>, http:\/\/www.dian.gov.co la base de conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el a\u00f1o 2001, a la cual se puede ingresar por el \u00edcono de \u201cNormatividad\u201d \u2013 \u201ct\u00e9cnica\u201d- dando click en el link \u201cDoctrina\u201d \u2013 \u201cDirecci\u00f3n de Gesti\u00f3n Jur\u00eddica\u201d.<\/p>\n

    Atentamente,<\/p>\n

    El Subdirector de Gesti\u00f3n Normativa y Doctrina,<\/p>\n

    Pedro Pablo Contreras Camargo.<\/em><\/p>\n

    (C. F.).<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    No es viable legalmente que en los casos en que se deba expedir la factura de venta de bienes o por la prestaci\u00f3n de servicios, esta se omita y en su lugar el reconocimiento del gasto por estas operaciones pudiera hacerse con otro medio de prueba; pues la norma establece una tarifa legal probatoria.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7359,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[456,454],"tags":[],"class_list":["post-7339","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-conceptos-y-oficios-dian","category-sin-categoria"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t